Sí, puede ser que haya tenido la más noble intención, pero en estricto rigor, la idea de poder vender una de las casas que perteneció al expresidente Salvador Allende, al Estado de Chile, terminó por crear un problema complejo para una de sus herederas, la hoy senadora por Aconcagua, María Isabel Allende, y para un gobierno que dice ser defensor de su legado.
La actual Senadora, al igual que su sobrina, Maya Fernández Allende y otros parientes, son parte de las herederas de dicha vivienda, por la que se acordó la compra por $933 millones de pesos. Hasta ahí, y con la intención de crear un museo, las cosas iban bien. Excepto por un pequeño gran detalle: La Constitución Política de la República.
El artículo 60 del texto señala que “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”. De hecho, la Biblioteca del Congreso Nacional, agrega que “la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de las que forme parte”.
Y es aquí donde todo se derrumba. María Isabel Allende, la parlamentaria de 79 años, y que ha sido diputada y senadora durante las últimas décadas, suscribió el pasado 30 de diciembre el contrato de compraventa de la propiedad, mediante el abogado Felipe Vio Lyon. Contraviniendo lo que señala la Constitución Política para estos casos.
Lo anterior, ha motivado que parlamentarios de derecha y centro derecha hayan amenazado con ir al Tribunal Constitucional para que resuelva la situación, ya sea destituyendo a la parlamentaria, como manda literalmente la Carta Magna, o abriendo la puerta, quizás a que se mantenga en el cargo, con el argumento de que finalmente no se concretó la transacción.
Durante la tarde de este martes, Allende Bussi, entregó sus descargos mediante una conferencia de prensa, en la que fue acompañada por algunos parlamentarios del PS, y enfatizó que “nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflictos de intereses, en lucros, en negociados, en anda”.
Pero más allá de los dimes y diretes de quienes opinan o de lo que se pueda interpretar para un lado u otro, será eventualmente el Tribunal Constitucional, en caso de presentarse el requerimiento y de que este lo acepte, el encargado de dirimir si María Isabel Allende seguirá en su cargo, a poco más de un año de que termine su último período en la Cámara Alta.